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Desde mi Atalaya -con mayúscula-
Canarias, al margen del peaje en autovías públicas
0 Comentarios13-08-2019  |  Juan José Alonso Prieto
En pleno de agosto, cuando no pocos españolitos andan de vacaciones y ajenos a los globos sonda más o menos verosímiles que lanza el Gobierno (en funciones), se pretende que la ciudadanía vaya asimilando el pago por utilizar las autovías de titularidad pública, incluso utilizando el eufemismo de que el importe para el usuario sería “simbólico”. Según el Ministerio de Fomento un porcentaje de esa recaudación se destinaría a reducir el peaje de las autopistas que aún siguen en manos privadas.

Según parece, esta iniciativa pasaría al Congreso para ser objeto de consenso con las Comunidades Autónomas, y el nuevo impuesto (no se puede denominar de otra manera) iría destinado a garantizar financieramente el mantenimiento de las autovías y reducir su impacto medioambiental.

Por lo que respecta a Canarias, según la Ley 9/1991 de 8 de mayo, la Red Regional está formada por aquellas carreteras cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma y se definen como “Carreteras de Interés Regional” aquéllas que cumplan en su totalidad o en tramos determinados, al menos uno de los siguientes requisitos:

1.- Entenderse como vía de circunvalación de una isla.

2.- Aquellas de largo recorrido que unan puntos distantes de la vía de circunvalación y comuniquen, además, con importantes núcleos de población o actividad económica, todo ello proporcionalmente a la superficie y población de cada isla.

3.- Las que comuniquen la capital de la isla o las vías descritas en los puntos anteriores con puertos y aeropuertos de interés general.

4.- Las que comuniquen la capital de la isla o las vías descritas anteriormente con centros de especial interés por su actividad.

Todas las competencias en cuanto a carreteras y transporte terrestre han sido transferidas a los Cabildos Insulares, por lo que la Comunidad Autónoma de Canarias no retiene ni posee la gestión y el mantenimiento de ninguna carretera ni autovía, aunque promueve la creación de nuevas infraestructuras en colaboración con el Gobierno de España y la necesaria ayuda económica de la Unión Europea.

Conviene recordar todo esto para tranquilidad del sector del transporte y automovilistas en general del archipiélago. Tranquilidad, al menos en teoría, porque ya sabemos como se las gasta el Ejecutivo Nacional en sus relaciones con Canarias, aún están muy frescas en el tiempo las reticencias que tuvo el ministro Ábalos, titular de Fomento, con la ampliación de los descuentos a los residentes en comunidades no peninsulares, pues fue prácticamente necesario “retorcerle el brazo” para que se dejara de enmiendas y subterfugios varios para la tramitación del proyecto de ley y su inclusión en el Presupuestos Generales del Estado.

Habrá que estar muy atentos a la diligencia de nuestros políticos para que no nos metan en el saco generalista porque, además de todo lo indicado, en Canarias no tenemos autopistas de peaje, esas que quiere liberalizar el Estado pagándoselas a precio de oro a las empresas concesionarias; ni tampoco tenemos (a Dios gracias) la ventajosa alternativa ferroviaria que, a través de las empresas públicas ADIF y RENFE, practican un dumping vergonzoso en perjuicio directo de las compañías de transporte por carretera, e incluso por vía aérea.

Tanto el Estado, donde sea competente, como nuestra Comunidad Autónoma deben preocuparse por el debido mantenimiento vial en aras de una mayor seguridad, y no seguir exprimiendo fiscalmente al sector del transporte, a los automovilistas y a todos los usuarios genéricos que, de una forma u otra, por diversos conceptos, ya al Fisco de forma directa o indirecta en casi un 50 por ciento de sus rendimientos profesionales o personales.
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