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Motor 2000
La disposición adicional a ley 12/1992 fue aprobada en el Congreso
Reacción de ANIACAM ante el Contrato de Agencia
La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas ANIACAM desea expresar su profunda preocupación por las nuevas disposiciones incluidas en la Ley de Economía Sostenible sobre contratos de distribución de automóviles y camiones. Si bien el detalle de estas normas no se conocerá en su totalidad hasta su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado,
16-02-2011  |  
Dichas normas consisten consisten básicamente en la incorporación de una nueva disposición adicional a la ley 12/1992 de 27 de mayo del Contrato de Agencia que, entre otras cosas, permitirá a los concesionarios devolver coches a los 60 días de la adquisición por el mismo precio que llegaron a sus puntos de venta.

El fabricante de coches estará obligado a recomprarlos. Con la nueva medida, se pondría fin a que el pequeño empresario tenga que hacerse cargo del stock y que se sigan viendo campas repletas de coches nuevos, como antes de que se pusiera en marcha el plan 2000E.

La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM) estima, en primer lugar, que se ha de lamentar la adopción apresurada a través de enmiendas presentadas en la última etapa del procedimiento legislativo en una materia tan compleja. Esta forma de legislar impide valorar los intereses en juego, escuchando a los operadores directamente afectados. Ello resulta especialmente incomprensible cuando se viene trabajando hace años en un anteproyecto de ley de contratos de distribución, cuyos borradores no incluyen ninguna de las medidas que ahora se fijan.

Con el pretexto de proteger al distribuidor de automóviles, las nuevas normas introducen disposiciones imperativas, sustituyendo a los acuerdos que pudieran alcanzar las partes. Ello fija un marco rígido de actuación dirigido a desplazar a los fabricantes costes de decisiones de negocio que corresponden a empresas independientes, lo que hace difícilmente viable la relación que se propone. Ello hace temer que las nuevas normas consigan un efecto contrario al pretendido, dañando a los concesionarios y, habida cuenta

de los mayores costes de la distribución, a los consumidores finales, cuyos intereses parecen no haberse tomado en cuenta, ya que sufrirán más que probablemente una inflación en el precio de venta de los vehículos.

ANIACAM prevé que lo anterior lleve a las marcas a abandonar la suscripción de nuevos contratos de distribución, buscando alternativas para la atención de las zonas en que ello sea necesario tales como la implantación de filiales o sucursales. Ello conllevaría un freno en la constitución de nuevas sociedades en el sector de concesión automovilística, e incluso en la expansión de las concesiones actualmente operativas.

ANIACAM se ha dirigido a los Ministros de Industria, Justicia y Trabajo y al grupo parlamentario socialista a fin de estudiar las posibilidades de impugnación de las disposiciones introducidas por la enmienda a la Ley de Economía Sostenible ante el

Tribunal Constitucional. Adicionalmente, ANIACAM ha iniciado el estudio de otras vías de reclamación ante las autoridades comunitarias.

Habida cuenta el grave daño causado a la red de concesionarios por estas medidas y su apoyo por Faconauto, diversas marcas han comunicado a ANIACAM que asociaciones de sus concesionarios están valorando la conveniencia de instar la desvinculación de estas asociaciones de Faconauto.

Por todo lo anterior, ANIACAM desea hacer un llamamiento a favor de la seguridad jurídica, dañada por iniciativas precipitadas como la que ha resultado de las enmiendas presentadas ante el Senado de la Ley de Economía Sostenible en materia de contratos de distribución de automóviles, con grave daño tanto al sector de distribución como a lo intereses de los consumidores finales.

Valoración jurídica del texto aprobado

Consideraciones respecto de la enmienda aprobada por el Congreso de los Diputados a la Ley de Economía sostenible, por la que se añade una nueva disposición adicional a la Ley 12/1992 de 27 de mayo sobre Contrato de Agencia (Regulación del Contrato de Distribución de Vehículos Automóviles e Industriales).

1. No es necesaria una Ley reguladora del contrato de distribución:
a. Porque existe un gran desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre esta materia que ha venido a clarificar las dudas planteadas años atrás y unificar posiciones.
b. Porque esa ausencia de ley reguladora es común a todos los países europeos (a excepción de Bélgica).
2. En todo caso, la aplicación transitoria de la Ley del Contrato de Agencia a los contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales, a la espera de una regulación definitiva, es una solución innecesaria, precipitada y peligrosa:
a. Porque no hay razones de urgencia que aconsejen la aplicación de un régimen transitorio a la espera, en su caso, de la aprobación de una ley reguladora de la distribución.
b. Porque la aplicación de un régimen transitorio (que modifica la realidad actual) para luego aplicar un nuevo régimen, solo puede generar inseguridad jurídica e inestabilidad en un sector, ya de por sí, gravemente afectado por la crisis.
c. Porque un cambio tan drástico en las relaciones principal-distribuidor y que implica cambios en la misma esencia del negocio no puede presentarse como una solución provisional a la espera de ulteriores cambios.
d. Porque ni siquiera el Anteproyecto de Ley de Distribución contiene previsiones tan radicales como las aprobadas.
3. No concurren razones jurídicas razonables para la aplicación de la Ley del Contrato de Agencia a los contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales:
a. Porque el contrato de agencia y el contrato de distribución presentan diferencias radicales que desaconsejan la aplicación de dicha Ley a este último contrato.
i. Carece de lógica jurídica que un concesionario - que actúa en su propio nombre y asume el riesgo y ventura de sus operaciones, como empresario autónomo-, deba tener el mismo tratamiento que un agente -que promueve por cuenta ajena y en nombre ajeno a cambio de una comisión-.
ii.Carece de lógica jurídica que un concesionario -que no suele tener pactos de no competencia postcontractual- deba tener el mismo tratamiento que un agente -que sí suelen incluir pactos restrictivos de la competencia postcontractuales-.
b.
Porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha subrayado estas diferencias y, en consecuencia, ha negado la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia a los contratos de distribución, limitándose a defender la utilización de alguno de sus preceptos como criterio orientativo.
c. Porque las razones que justifican el tratamiento tuitivo del agente no se dan en el distribuidor.
4.La Disposición Adicional quiebra gravemente principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico:
a. Porque se socava la autonomía de la voluntad, principio básico en los contratos de colaboración.
b. Porque otorga carácter imperativo a toda la Ley del Contrato de Agencia cuando no toda la Ley del Contrato de Agencia tiene tal carácter.
c. Porque contraviene el art.1101 CC al otorgar derechos indemnizatorios (no compensatorios) sin que haya responsabilidad del principal.
d. Porque quiebra el intuitu personae (confianza) que es base de este tipo de contratos al obligar al principal a aceptar la cesión de contrato.
e. Porque al obligar al principal a aceptar la cesión de contrato se puede ir en contra de la competencia, al no impedir que se creen monopolios de distribución o grupos multimarca no deseados, de acuerdo con lo señalado por el ordenamiento de competencia.
f. Porque otorga un derecho de desistimiento de compras firmes en un plazo de 60 días, cuando la característica fundamental de la distribución es la compra en firme para la reventa. Este derecho de devolución no se prevé en norma alguna referida a empresas. Implicaría convertir una venta en un depósito.
5. A mayor abundamiento, la Disposición Adicional confiere mayor protección a los distribuidores de vehículos automóviles e industriales (empresarios independientes) que a los propios agentes.
a. Porque otorga unos derechos indemnizatorios por la mera extinción, fuera cual fuera la causa de la extinción.
b. Porque otorga un derecho a recuperar la parte no amortizada de inversiones incluso en caso de extinción de contrato a término.
c. Porque otorga un derecho a una indemnización por clientela cuyo cálculo multiplica por infinito las directrices dadas por la jurisprudencia sobre la base del art. 28 de la Ley del Contrato de Agencia.
d. Porque otorga un derecho a una indemnización por despido de trabajadores en cualquier tipo de extinción.
e. Porque impone la recompra de stock.
6. A mayor abundamiento, la Disposición Adicional quiebra principios y prácticas esenciales del negocio de la industria de la automoción:
a. Porque no permite al principal modificar unilateralmente su gama completa de productos y servicios contractuales, inversiones, etc.
b. Porque otorga un derecho de desistimiento de compras firmes en un plazo de 60 días.
7. Irracionalidad económica de la Disposición Adicional.
Desde un punto de vista económico y de negocio, las previsiones que contempla la Disposición Adicional llevarían a la desaparición absoluta de las redes de distribución de automóviles tal y como están actualmente configuradas. Este exceso y absurdo proteccionismo -que va en contra de las políticas de flexibilización que se están aprobando en España para dinamizar la economía- puede conllevar la adopción de esquemas de distribución verticales con la consiguiente desaparición paulatina de las redes de distribución independientes por el alto coste que supondría mantenerlas, ya que se deberían provisionar todas las posibles indemnizaciones referidas en la Disposición Adicional; el impacto de la recompra de vehículos cada 60 días; además de la imposibilidad de comercializar productos nuevos y variar la gama de productos, etc.

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